En una noche como hoy, 6 de agosto, debería estar pensando en muchísimas otras cosas, que nada o poco, tendrían que ver, con el mundo del derecho.

Pero me hierve la sangre dándole vueltas a un artículo que he leído en el día de hoy en un diario.

Desde hace tiempo, el Sr. Gallardón, prepara, una nueva reforma judicial, algo de lo que se lleva hablando hace tiempo, pero que parece, que a la vuelta de las vacaciones estivales, va a ser una realidad.

En esta nueva reforma, el ministro, que desde que lo es, se ha quitado su máscara de falso progre y nos ha mostrado su lado más fascista y retrógrado, se ha empeñado en obligar a pasar por caja a todo aquel que pretenda emprender casi cualquier acción judicial.

Qué más da si eres rico o pobre, si tienes mucho o poco, si eres una gran empresa o un autónomo que va a reclamar facturas impagadas, qué más da, si el Sr. Ministro no lo paga.

Se hablan de tasas de 800 € por interponer un recurso de apelación, para que os hagáis una idea, ¿quién coño va a pagar esa tasa para todo tipo de procedimientos verbales?
La respuesta es sencilla, NADIE, ya que se baraja, precisamente, la eliminación de la posibilidad de recurrir en apelación en todo este tipo de procedimientos, que el sr. Ministro considera de excasa entidad. Pero se olvida el sr. ministro, que en este tipo de pleitos, se dirimen asuntos de importante trascendencia económica y personal, como pueden ser desahucios por impagos, con todo lo que ello conlleva.

¿Pero quién pierde realmente con esta reforma? El estado, naturamente no. Esperan incrementar la recaudación por tasas judiciales de 114 millones de euros en 2011 a 306 millones de euros con la nueva reforma. Todo ello, con la excusa de financiar la justicia gratuíta en este país, pero que le pregunten a los abogados y procuradores del turno de oficio si están correctamente pagados. Ya no digo bien, digo correctamente, pero ese es otro asunto.

La medida es únicamente recaudatoria, ya que habrá pleitos en los que no haya más remedio que interponer ese recurso y será el cliente, quién deba correr con dichos gastos, con lo que se encarece muchísimo más la defensa de los derechos de todos nosotros, aunque ¿será realmente el cliente quién pague esos gastos?

Rotundamente no. Ya imagino a un montón de clientes negociando con su abogado rebajas de minutas debido a esta tasa, con mil excusas, para que al final sea el letrado, quién tenga que asumir parte de la tasa judicial.
Eso, por no hablar, del hecho más que evidente, de la reducción considerables de recursos que vamos a tramitar a partir de dicha reforma, ya que serán muchos los clientes, los que se conformarán con la Sentencia dictada en instancia y no recurrirán, ya sea desestimada o estimada parcialmente, y sencillamente, porque en muchos casos, el pago de la tasa, no compensará, ni tan siquiera, un resultado favorable en la apelación.

Gracias, Sr. Gallardón, por facilitar el trabajo de tantos profesionales del derecho, que ya nos hemos apretado demasiado el cinturon en esta crisis, de la que ninguna responsabilidad tenemos los que día a día luchamos por seguir con nuestros despachos abiertos, gracias de verdad.
Se nota, que usted jamás ha ejercido y que jamás ejercerá, seguirá chupando del bote, hasta que un día se jubile (con muy poquitos años) y cobre una pensión vitalicia, por los servicios prestados... a su partido, naturalmente.